Fuerte condena
Un organismo de arbitraje internacional condenó en mayo pasado al gobierno estatal a pagar más de $723 millones a la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V., de Grupo Marhnos, como compensación por haber cancelado el contrato para la construcción del Hospital de Ticul que se le adjudicó.
Ese fallo resolvió que los Servicios de Salud de Yucatán, instancia que firmó el contrato, deberá pagar $584.498,005 (IVA incluido) “por el pago por terminación” y otros $138.949,663 por concepto de gastos financieros generados ante la falta de pago desde la cancelación del contrato, en julio de 2015, hasta junio de 2018, de acuerdo con un comunicado de Juan Luis Flores Flores, apoderado legal de la empresa.
Según el fallo, a esta cantidad se le agregarán $5.500,000 cada mes, hasta que ocurra el pago total previsto en el contrato, que vence en 2037.
El autor del fallo, emitido el 29 de mayo y dado a conocer hace unos días, es el tribunal arbitral designado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP) acudió a ese organismo luego de que el gobierno de Rolando Zapata Bello canceló el Contrato de Prestación de Servicios para la construcción y operación del Hospital Regional de Ticul.
Se desconoce si este fallo obliga jurídicamente al gobierno yucateco a pagar esa costosa indemnización.
Como se sabe, este contrato lo firmó Ivonne Ortega Pacheco el 12 septiembre de 2012, pocos días antes de terminar su gobierno, por medio de la SSY con IHP, para construir y operar el Hospital de Ticul de 90 camas, a un precio de $948.8 millones, durante 25 años.
De acuerdo con el contrato, la empresa debía entregar el edificio totalmente equipado en marzo de 2014, pero no cumplió ese plazo.
El gobierno de Zapata Bello, que sucedió a Ortega Pacheco, consideró excesivo el tamaño y el costo de ese centro hospitalario y aprovechó ese retraso para pedir a la empresa reducir el proyecto, primero a 60 camas y luego a sólo 30.
El nuevo plazo de entrega se fijó para el 15 de enero de 2015. Aunque en esa fecha las obras del hospital registraban un avance de apenas el 42 por ciento.
Una cláusula del contrato establecía que ante la demora en la entrega, el gobierno podría aplicar una multa de $25,000 por cada día de atraso y rescindir unilateralmente el contrato, si luego de tres meses de la fecha de entrega (abril de 2015), la empresa seguía sin cumplir la terminación del edificio, como ocurrió.
El 10 de abril de 2015, la SSY solicitó a IHP en el Juzgado Primero de lo Civil de Yucatán el pago de esa multa, pero la empresa no pagó y alegó que una de las causas del atraso de la obra era la petición del gobierno de cambiar el proyecto original.
Por ello, interpuso en ese juzgado un recurso de “excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción”; es decir, una petición para que ese juzgado dejara de conocer el caso, ante la creencia de que no tenía competencia.
Inmediatamente, el 14 de abril, IHP decidió acudir a otras instancias y presentó una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje, cuyo fallo aparentemente le ha sido favorable.— HERNÁN CASARES CÁMARA
Fuente: El diario de Yucatán.
