“Es una situación grave”
El gobierno estatal no hace caso a la solicitud de aumento de tarifas y sólo contesta que no lo habrá, señaló Raymundo Vargas Cruz, presidente de la Unión de Camioneros de Yucatán.
El empresario dijo que él no pide que le den el subsidio, sino que se lo otorguen al usuario para que pueda pagar una tarifa que equilibre las finanzas de los concesionarios.
“No estamos saliendo, nos estamos hundiendo diario y en vez de que nos ayude, hunde más al transporte; por tanto, no se tiene manera de dar el servicio que se merece el público”.
Vargas Cruz destacó que hay angustia entre los concesionarios, no es molestia contra el gobierno y tampoco pueden negar que los han apoyado, pero un estudio dice que debe haber un ajuste a la tarifa y no se justifica por qué no lo autorizan.
“Si (el gobierno) quiere de verdad ayudar al transporte, tiene que aumentar algo, le pedimos aunque sea un peso”, dijo.
El empresario es uno de los cinco presidentes de organizaciones que prestan el servicio de transporte público de pasajeros en Mérida que piden al gobierno del Estado una respuesta sustentada sobre la solicitud de aumento de tarifas.
También que pague los dos meses atrasados de subsidios, porque ese incumplimiento agrava más su situación económica.
Es la primera vez que los concesionarios del transporte urbano de Mérida hacen un pronunciamiento en conjunto y anteayer se quejaron del gobierno de Rolando Zapata Bello.
Primero los presidentes de la Unión de Camioneros, Vargas Cruz; de la Alianza de Camioneros, Arturo Rodríguez Berzunza; de Rápidos de Mérida, Daniel Aguiar Saidén; de Minis 2000, Rafael Canto Rosado, y de Micro Servicio Urbano, David Quintal Medina, entregaron a los reporteros un escrito firmado por ellos sobre sus señalamientos al gobierno.
El contenido de la carta abierta dirigida a la opinión pública lo leyó Sergio Pino Polanco, tesorero de la Unión de Camioneros, y luego los empresarios concedieron entrevistas en las que reiteraron la necesidad de un aumento en el precio de los pasajes del transporte colectivo porque en 13 años sólo aumentó un peso.
En la carta dicen que desde el inicio de esta administración estatal les pidieron que mejoren la calidad del servicio, el establecimiento el proyecto Situr y como apoyo recibirían un subsidio al combustible para las unidades de transporte.
Según dijo, han hecho un gran esfuerzo para resistir la falta de un ajuste en la tarifa, recuerdan que hay un dictamen y estudio que avala el aumento del precio del boleto, pero la autoridad hace caso omiso.
“El gobierno del Estado se comprometió y no ha trabajado en un problema que nos afecta a todos, nos genera una grave situación económica y nos impide mejorar las condiciones de las unidades”, indica el escrito.
“Las unidades siguen deteriorándose y generando altísimos costos de mantenimiento. Agradecemos su comprensión por los inconvenientes que la total desatención del gobierno al problema de nuestra grave situación económica pudiera generar.
“Los transportistas también somos ciudadanos, somos familia y tenemos derecho a la gestión empresarial”.
Los concesionarios dicen que no son culpables de las políticas públicas económicas federales que generan incrementos desmedidos al precio de los combustibles, y que el gobierno estatal no cumpla la responsabilidad de otorgar los medios y las condiciones que marca la ley para que esta actividad no colapse.
Para ilustrar el alto costo de la operación del servicio, los empresarios hicieron una tabla comparativa de precios: un autobús con clima costaba $860,250 en 2006, hoy cuesta $2.4 millones, un alza del 179%; un autobús sin clima costaba en ese año $810,000, ahora cuesta $2.2 millones (171% de alza).
El precio del diésel era de $5.7 en 2006 y hoy, de $19.97 (250.35% de aumento); la tarifa de adulto costaba $5 en 2006 y hoy $8 (60% de aumento), la tarifa de estudiante era de $3 en ese año y hoy tiene el mismo valor.
Canto Rosado, presidente de Minis 2000, dijo que es obligación del gobierno buscar el equilibrio económico de las empresas concesionadas, pues la ley dice que el transporte público tiene que ser rentable para que sea bueno y de calidad.
De hecho, recalcó, para el que invierte, la ley obliga al gobierno a proteger esa inversión para que no se pierda.
“Como todo negocio, tiene que haber un equilibrio económico, sobre todo porque el transporte es un servicio que debe prestar el gobierno, pero al no hacerlo, lo concesiona a la iniciativa privada”, apuntó el dirigente.
“No vivimos en la selva, hay una ley que da certeza al invertir”, indicó. “El transporte público es la movilidad de la sociedad, de los estudiantes, de las amas de casa, de los trabajadores, de los discapacitados que no pagan y es correcto. La obligación de todos los gobiernos en turno es que sea rentable.
“Hace más de 13 años que la tarifa social es de $3 desde cuando el diésel costaba $4 y ahora vale casi $20; cómo es posible que podamos dar un buen servicio con ese precio. No ha dado una respuesta correcta a la solicitud de aumento que basamos en unos estudios sustentados”.
El empresario ofreció que no abandonarán el servicio para no afectar a la sociedad, pero “es obvio” que disminuirán las unidades cuando se averíen o por falta de combustible porque el mantenimiento y las refacciones resultan caros.
Canto Rosado informó que el gobierno del Estado adeuda los subsidios de $16 millones de agosto y septiembre, y eso agrava la situación de los transportistas porque ese apoyo es para pagar parte del diésel que consumen las unidades. De ese dinero les corresponde el equivalente a 20 litros por unidad, cuando el consumo por día es de 120 a 140 litros.
“Dice el gobierno que la gente no puede pagar el aumento, pero por qué no piensan en no subir el precio del diésel, porque necesitan dinero, no le importa la gente porque todos tenemos que pagar esos aumentos”, señaló. “Yo quisiera que sea gratis el transporte, pero las unidades no las regalan, los operadores tienen un sueldo, el mantenimiento tiene un costo, no lo regalan”.— Joaquín Chan Caamal
Daniel Aguiar, quien casi no da entrevistas, afirmó: “Me sorprende cuando oigo decir que Mérida necesita un transporte de primer mundo, entonces vamos a convertir las tarifas en dólares, nuestra cultura y ciudad no es de primer mundo, nuestra economía no es de primer mundo ni menos nuestro sistema de transporte”, señaló. “No podemos controlar el dólar, el combustible y muchas cosas más que causan perjuicios a la economía”.
Además, recordó que los camioneros trabajan 24 horas diarias, cuando hay huracanes ceden sus autobuses, dejan a su familia para atender a las familias de la costa y por ello pide la comprensión de la autoridad y deben trabajar juntos para buscar una solución a este problema de desfase de tarifas.
Diario de Yucatán.
